Ensayo crítico
Con la implementación de la política de gratuidad en la Educación Superior del Ecuador, en noviembre de 2011 se realizaron reformas que pusieron en marcha un examen estandarizado obligatorio para que los denominados “aspirantes” accedan a un cupo en las instituciones de nivel superior. Aparentemente, este examen pretendió reducir las desigualdades sociales, demostrando que los pobres tienen el mismo potencial que los ricos, pero no las mismas oportunidades para formarse profesionalmente y contribuir a la sociedad del conocimiento. Sin embargo, a casi una década de estas reformas, ni siquiera se han logrado corregir las condiciones inequitativas de aprendizaje entre estudiantes del área urbana, los sectores marginales y rurales del país. Por tanto, este proceso de admisión incrementa la brecha social en el rendimiento del examen y las prácticas antiéticas a las que recurren varios estudiantes para asegurar su ingreso a la universidad.
Las cinco etapas del proceso de admisión
La prueba estandarizada tiene como antecedentes la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que ocurrió en el 2010. Esta nueva ley creó el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación (SNNA) en el que se implantó el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), posteriormente conocido como Ser Bachiller (Rosero, 2020), y en la actualidad denominado como Examen para el Acceso a la Educación Superior (EAES). A partir del 2012, el examen estandarizado comenzó a ser aplicado como un filtro de ingreso para quienes aspiran un cupo en las universidades e institutos de educación superior pública del país. Por otro lado, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) es la institución encargada de la socialización del funcionamiento del SNNA en cada una de sus etapas en las que se debe garantizar los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, calidad, transparencia, pertinencia e integralidad (Asamblea Nacional de Ecuador, 2010).
De acuerdo con la investigación de Delgado et ál. (2018), enfocada en las percepciones de los estudiantes, este nuevo proceso tiene sus impactos positivos y negativos. Como impacto positivo se destaca que, en la primera etapa que corresponde a la inscripción para rendir el examen, todos los estudiantes que hayan culminado el tercero de Bachillerato y con independencia de su ubicación geográfica, pueden registrarse gratuitamente sin ningún tipo de exclusión. No sucede lo mismo en la segunda etapa que concierne a la toma del examen, donde la igualdad de oportunidades se termina, pues el desempeño de los estudiantes está condicionado al nivel de formación que adquirieron en cada colegio. A este impacto negativo se añade que, la prueba estandarizada como único parámetro de promoción de la meritocracia no garantiza el buen rendimiento académico en la universidad.
Es preciso mencionar que la prueba estandarizada comprende cuatro áreas de conocimiento que integran el Currículo Educativo Nacional, estas son: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales. En sus inicios el examen estuvo conformado por 120 preguntas, mientras que actualmente éstas fueron reducidas a 80 para ser resueltas en un tiempo máximo de dos horas por la población general y en tres horas por las personas con discapacidad. La calificación del examen representa el 60% del puntaje total para la postulación, y el 40% corresponde a la nota de grado. A las personas en condiciones de vulnerabilidad (situación socio económica, ruralidad, pueblos y nacionalidades, provincias con menor tasa neta de matriculación, discapacidad, violencia de género, situación migratoria…) registradas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se les otorga un puntaje adicional (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 2020).
El examen es calificado sobre mil puntos. Cada pregunta tiene un valor asignado en función del grado de dificultad y de las habilidades que se requieren para resolverla, por tanto, el número de aciertos y desaciertos no se vinculan a la calificación. Los participantes deberán esperar cinco días posteriores a la resolución del examen para conocer su calificación, a la que se sumará la nota de su récord académico de bachillerato. De esta manera se determina el puntaje final con el que los estudiantes podrán realizar la postulación que constituye la tercera etapa del proceso de admisión (Trujillo, 2020). La postulación se realiza en reciprocidad con la oferta académica de las universidades e institutos superiores, en razón de su autonomía, y los puntajes referenciales por cada carrera profesional.
Los estudiantes tienen la posibilidad de postular hasta en cinco carreras de su interés, siendo la primera opción la carrera anhelada, y en la que no todos logran un cupo. Las posibilidades para acceder a la primera opción de carrera obedecen a dos factores. El primer factor corresponde al puntaje de postulación que los aspirantes obtengan. El segundo factor está vinculado al número de cupos disponibles por carrera en cada institución de nivel superior. Es así como se llega a la cuarta etapa del proceso que compete a la asignación y aceptación de cupos, donde no se garantiza que estudiantes con vocación por la carrera en la que encontraron disponibilidad de cupo pasen a la quinta fase, es decir, al curso de nivelación. En una encuesta aplicada el 18 de marzo de 2021 para esta investigación, en la que participaron 12 estudiantes de la Universidad Central del Ecuador que se encuentran en el curso de nivelación, paralelo 2 de la carrera de Comunicación Social, se identificó que 5 de los 12 estudiantes no eligió esta carrera como prioritaria. Además, se pudo conocer que sus carreras de interés en las que no pudieron alcanzar un cupo son: Psicología Clínica, Imagenología y Radiología, Artes Plásticas, Derecho y Arquitectura.
La deserción universitaria continúa siendo alta
El hecho de que haya aspirantes que no logran tener una oportunidad en la carrera de su prioridad, se establece como uno de los motivos de la deserción universitaria y la formación de profesionales frustrados. Entre los testimonios recogidos por Torres (2019) para Diario Expreso, destaca el de Manuel Moreno, un joven de 22 años de edad, quien escogió Medicina como carrera de su prioridad; seguida de Enfermería, Obstetricia, Psicología y Comunicación Social. Fue en esta última opción en la que logró un cupo que terminó aceptando, pues para él en ese momento era más importante tener la posibilidad de ingresar a la universidad en cualquiera de estas opciones a quedarse fuera. No obstante, dos años más tardé abandonó esta carrera y optó por prepararse mucho más para volver a rendir el examen, con la confianza de obtener de 950 a 1 000 puntos que se requieren para estudiar la especialidad de Medicina.
Hasta el 2019 se conoció a través de la SENESCYT que de 400 000 estudiantes que ingresaron a las universidades públicas y privadas del país, el 26% se retiró de la carrera durante los primeros semestres. Al presente, esta secretaría ya no maneja estos datos estadísticos de manera general, en su lugar, se ha dispuesto que cada institución universitaria elabore sus propios informes al respecto. La SENESCYT también resalta que antes del 2012, cuando no existía el actual proceso de admisión, la deserción era del 50% (Torres, 2019). Pese a esta reducción significativa, no se puede desconocer que todavía existe un importante porcentaje de estudiantes que desisten de las carreras por distintos motivos, entre ellos el que se enfatiza al inicio de este apartado.
Una prueba estandarizada que discrimina conocimientos
En una entrevista realizada para este ensayo, Esthela Granda, docente del Colegio de Bachillerato Remigio Geo Gómez Guerrero en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, manifiesta que no se puede desconocer que la prueba estandarizada motiva a los estudiantes a esforzarse más para dominar los conocimientos que prevalecen en el examen. Asimismo, agrega que la motivación es para los maestros, quienes buscan mejorar y adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las temáticas del examen. Empero, la docente reconoce que el contenido de la evaluación que propone la SENESCYT no se relaciona con el Currículo Educativo Nacional desarrollado por el Ministerio de Educación del Ecuador (MINEDUC), siendo éste renovado cada cuatro años. Entonces, Granda recalca que el esfuerzo de los maestros por preparar a los estudiantes no tiene mayor contribución cuando se trabaja con un currículo y se evalúa con otro. Para la docente, esta falta de correlación se produce debido a que el MINEDUC otorga autonomía a cada escuela y colegio para que elabore su propio Proyecto Curricular Institucional (PCI) según sus necesidades y la realidad territorial. Así, cada institución determina cuáles son los aprendizajes imprescindibles y deseados que deberán alcanzarse en el proceso educativo.
Por su parte, una estudiante del curso de nivelación de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador, de la que se reserva su identidad, argumenta que la mayoría de los temas desarrollados en el examen sí corresponden a los contenidos que trataron sus docentes en el colegio. A pesar de ello, la estudiante menciona que la dificultad del examen radica en que la SENESCYT abarca muchos temas de manera general, adicionalmente, las preguntas son muy ambiguas y están mal distribuidas en cuatro áreas de conocimiento. De hecho, 6 de 12 estudiantes que fueron encuestados califican el examen como difícil, 2 lo consideran muy difícil, 3 se mantienen en una postura neutral y 1 lo valora como fácil. Ante este evento, la universitaria propone que el examen debería elaborarse acorde con las carreras que se aspiran. De tal manera, que al clasificar los temas, estos respondan a los aspectos fundamentales de cada especialidad antes, durante y después de la universidad.
Por lo que precede, las pruebas estandarizadas tienden a reproducir estudiantes ideales en base a resultados medibles en ciertos tipos de inteligencia de las ocho existentes. De esta forma se menosprecia otras clases de razonamiento y cualidades acordes con los perfiles de las carreras profesionales. El propósito de la prueba estandarizada es medir la lógica y el razonamiento verbal de los estudiantes. No obstante, la medición de estos conocimientos ha restado importancia a las aptitudes, a la vocación, y al contexto socioeconómico y cultural en el que se ubican quienes aspiran ir a la universidad. En el estudio de Delgado et. ál (2018), los participantes declaran que la preparación para rendir un examen de admisión orientado a los conocimientos y a las expectativas de la carrera en la que desean formarse es un factor motivante y determinante. Esto contrasta con el hecho de tener que rendir una prueba en la que se incluyen aspectos cognoscitivos que probablemente no serán útiles en la especialidad que se elija.
La igualdad de oportunidades: de la ley a la práctica
El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que: “La educación es un derecho de las personas (…) y un deber ineludible e inexcusable del Estado” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, p.16). A partir de esto hay que tener en claro que la educación no es un privilegio, es un derecho que implica el acceso garantizado a todos los grados de escolaridad en condiciones de igualdad y equidad. La obligación del Estado es proteger y respetar este derecho, es por eso que el inciso 4 del artículo 28 de la Ley Suprema señala que: “La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pp. 16-17). En el marco de la ley, en el presente ensayo se discute el cumplimiento de las condiciones de acceso en igualdad de oportunidades, y el aseguramiento de la calidad de la educación pública y gratuita. Precisamente, el artículo 357 de la Constitución indica que:
…el ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso… (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 110).
Un refrán popular reza: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”. Lo mismo sucede en el acceso a la Educación Superior Pública, pues de la ley a la práctica hay mucho que hacer todavía. En este sentido, se le consultó a Karina Benítez Luzuriaga, coordinadora académica de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala, acerca de la reducción o el incremento de las desigualdades sociales con la puesta en marcha del examen estandarizado de admisión a la universidad. Para la docente-comunicadora las desigualdades en la población estudiantil se han reducido, ya que se está afianzando la meritocracia que representa la jerarquización de las capacidades individuales y la generación de competitividad académica que beneficia a quienes se esfuerzan para obtener una nota de excelencia. Benítez recuerda que en el anterior sistema, donde no existía el examen estandarizado, la obtención de un cupo para la universidad no dependía del nivel de conocimientos de los estudiantes sino de sus posibilidades económicas para comprarlo. Los cupos, incluso, se peleaban en las largas filas que se formaban desde muy temprano en los exteriores de las universidades o mediante el tráfico de influencias, conocido comúnmente como “palancas”. Desde esta perspectiva la propuesta es positiva, pero, reconoce que hay falencias que obedecen al incumplimiento de los estándares de calidad educativa desde el nivel inicial, es por ello, que los estudiantes para llegar a la universidad enfrentan muchas dificultades que involucran los “vacíos de conocimiento”.
Justamente, con relación al pronunciamiento de Benítez sobre la falta de conocimientos que tienen muchos estudiantes desde su educación previa a la universidad, Granda alega, a partir de su experiencia como docente de colegio, que esto se debería a que no todos los contenidos que están en el currículo de estudio son abordados. Los diversos imprevistos que surgen durante todo el periodo lectivo ocasiona que muchas temáticas sean tratadas parcialmente y sin la profundidad que ameritan o en el peor de los casos que ni siquiera sean revisadas en su totalidad. A razón de esto, los estudiantes se ven en la obligación de tomar alternativas para subsanar la deficiencia de conocimientos y prepararse para el examen. En la encuesta aplicada, se determinó que 9 de 12 estudiantes se matricularon en un instituto Pre-universitario cuya duración es de 3 hasta 6 meses con un costo promedio de $ 70,00 USD mensuales. Solamente 3 de los 12 estudiantes encuestados indicaron que los docentes del colegio los prepararon. Según el MINEDUC, el propósito es que los estudiantes se alisten para la prueba en los horarios de clases de los colegios, y así no tengan la necesidad de pagar cursos particulares (El Telégrafo, 2014). Granda también corrobora esto, pues en la entrevista subrayó que en el programa educativo nacional se incluye la preparación de los estudiantes para el examen de admisión, con la novedad de que cada institución lo hace a su manera y con las herramientas que tenga a su disposición. En consecuencia, el examen estandarizado es resuelto por estudiantes que han tenido la oportunidad de pagar un curso particular, por aquellos que fueron debidamente preparados en el colegio, por los que disponen del servicio de Internet todo el tiempo, por los que no fueron capacitados y por los que tuvieron que estudiar por cuenta propia y con diferentes limitaciones. Desde luego, ninguno de estos factores es un determinante absoluto de los resultados del examen, pero no se puede negar el potencial de su influencia.
La conexión y la calidad al servicio de Internet es otro desafío que hoy en día con la pandemia de la Covid-19 se agudiza aún más. Esto principalmente se refleja en las áreas rurales y marginales del país, donde no todos los estudiantes tienen conectividad a Internet y quienes tienen conexión, el servicio del que disponen es deficiente. A causa de esto muchos jóvenes no pueden acceder al proceso de admisión universitario y mucho menos encontrar una alternativa de aprendizaje a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Teniendo en consideración esta problemática para la realización del examen en línea, la SENESCYT habilitó desde el segundo período académico del 2020, sedes presenciales en las que los aspirantes que no dispongan de equipos tecnológicos y de Internet puedan rendir el examen. Así, para el primer periodo académico del 2021, la Secretaría recibió la solicitud de 12 190 jóvenes para rendir la prueba desde estos espacios físicos (El Comercio, 2021).
Miriam García Dávila, docente del Colegio de Bachillerato para Personas con Escolaridad Inconclusa (PCEI) “Santa Rosa”, en la provincia de El Oro, sintetiza que en este nuevo proceso de acceso a la universidad se muestran las desigualdades académicas y económicas de los estudiantes. La profesora recalca que existen notables diferencias entre la educación que se imparte en colegios públicos, privados y fiscomisionales; además de la relación con la ubicación geográfica, ya sea en el sector urbano, rural y marginal del país. Las diferencias educativas se visibilizan en la infraestructura, recursos, procesos de enseñanza-aprendizaje, niveles socioeconómicos y culturales de los estudiantes.
No todos obtienen un buen puntaje de manera honesta
García hace énfasis que la posición financiera de ciertos estudiantes que aspiran ser parte de la universidad pública, les facilita acceder a las preguntas y respuestas del examen de manera fraudulenta. De este modo, pese a la mayor rigurosidad que existe para rendir el examen de ingreso, no hay garantías totales de que quienes obtuvieron un cupo lo hayan logrado legítimamente. En febrero de 2020 se hizo pública una denuncia por filtración de la prueba que habría beneficiado al 1% de los estudiantes que la rindieron para el periodo académico del régimen costa. La Fiscalía General del Estado investiga esta práctica de corrupción que proviene de toda una red en la que operan rectores, profesores y altos funcionarios públicos. En esta denuncia estuvo implicado quien fue Director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), Edwin Palma, separado del cargo desde su vinculación con este delito. Desde el 2013, la Fiscalía suma 20 procesos por el delito de acceso irregular a la información protegida (Rosero, 2020).
Para evitar el plagio en el examen que actualmente por la presencia de la pandemia de la Covid-19 se rinde en línea, la SENESCYT ha desarrollado un sistema informático que realiza el reconocimiento facial a los aspirantes, por lo que todos obligatoriamente deben contar con una cámara que permanecerá encendida al mismo tiempo que se resuelve la prueba. Aun así, en el examen del segundo período académico del 2020 las prácticas antiéticas estuvieron presentes. El 13 de noviembre de 2020, la SENESCYT se pronunció oficialmente en su página de Facebook ante un video que circulaba en redes sociales, en el que un docente universitario afirmaba que había empleado mecanismos fraudulentos para apoyar a un familiar durante el examen. Este comportamiento que vulnera los derechos de los participantes y la transparencia del proceso fue denunciado en Fiscalía como “apropiación fraudulenta por medios electrónicos”. Durante la reciente prueba de admisión que se tomó el 24 de marzo de 2021, la SENESCYT logró identificar 956 casos de deshonestidad académica de 182 530 personas que rindieron el examen, lo que representa el 1% del número total de aspirantes que con este comportamiento obtuvieron automáticamente cero como nota final (Trujillo, 2021).
Para evitar todo intento de plagio durante la realización del examen, Karina Benítez considera que además de los complejos sistemas informáticos que se implementan para identificar acciones antiacadémicas, a la par se debe trabajar mucho más con el recurso humano de las entidades que son responsables de administrar y ejecutar el proceso de admisión a la universidad. Desde su visión, las prácticas antiéticas no corresponden al proceso sino al accionar indebido de ciertos funcionarios que aprovechan las circunstancias para beneficiarse económicamente. El objetivo es que el ingreso a las universidades del país sea una competencia de conocimientos y no un hecho más de corrupción.
La solución no está en eliminar los mecanismos de admisión a la universidad
Hasta aquí, la prueba parecería representar un obstáculo para los jóvenes en el ejercicio de su derecho por acceder a la Educación Superior. Hay quienes defienden la eliminación del examen, mientras que otros proponen una revisión y la gestión de reformas a este mecanismo de admisión para que sea un verdadero proceso en igualdad de oportunidades. Lo cierto es que, el acceso a la Universidad Pública se ha politizado al punto de que la anulación del examen se ha convertido en una oferta demagógica de campaña electoral de muchos candidatos que pugnan por la presidencia de la República del Ecuador. El actual panorama político no es la excepción.
Los candidatos presidenciales de la segunda vuelta del proceso electoral 2021, Guillermo Lasso y Andrés Arauz defienden posturas distintas sobre el tema. En el debate presidencial televisado del 21 de marzo de 2021, Lasso propone una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior con la finalidad de garantizar el “libre acceso a la universidad y una universidad libre” (El Universo, 2021). Esta propuesta que busca captar el voto de la juventud no responde a muchas inquietudes. ¿Cuál es el mecanismo de admisión alternativo? ¿Cómo se garantizará el acceso a una educación superior de calidad con una sobrepoblación estudiantil que accedería libremente a las universidades? ¿Cuál es el presupuesto que se invertiría para mejorar la infraestructura, la ampliación de la planta docente, entre otros servicios que son indispensables para aumentar el número de cupos? No se puede ofrecer el acceso a todos sin un debido proceso y en detrimento de la calidad educativa, pues ello también representa la pérdida de igualdad de oportunidades. Los políticos tienden a confundir “libre acceso” con “igualdad”, y en sus ansias por conseguir un cargo de elección popular se olvidan que la igualdad de oportunidades significa generar condiciones justas y dignas para todos y todas.
En contrapropuesta, el candidato Arauz ofrece modificar el examen de acceso y ampliar los cupos para que más estudiantes tengan la oportunidad de ingresar a la universidad. De la misma manera, este ofrecimiento deja interrogantes. ¿Cuáles serán las reformas que se aplicarían a la prueba? ¿Cuál es el presupuesto que destinaría a las universidades e institutos tecnológicos de educación superior para la ampliación de los cupos? ¿Quiénes participarían en los cambios del examen? Desde el juicio de Benítez, el proceso de admisión debe ser revisado desde una mirada crítica constructiva que tenga como propósito analizar los parámetros y las temáticas para que estas sean afinadas por áreas de estudio. Paralelamente, el presupuesto de las universidades debe fortalecerse para incrementar los cupos disponibles y la oferta académica, esto sin preferir la cantidad antes que la calidad.
Un examen por carrera
Cuando en la encuesta se les consultó a los estudiantes qué es lo que consideran que se debe hacer para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad, 10 de 12 de ellos respondieron como mejor opción el planteamiento de exámenes orientados a los conocimientos de la carrera que se aspira a seguir. Esto expresa que los estudiantes, uno de los principales actores del proceso educativo, no están en desacuerdo con la existencia de un mecanismo de ingreso, lo que realmente demandan es igualdad de oportunidades en consideración con su orientación vocacional.
María Vidal Vega, ciudadana ecuatoriana y quien lleva más de diez años residiendo en Bolonia-Italia, explica que en el país europeo las carreras están clasificadas en dos grupos, por un lado están las de puestos limitados; y por el otro las que están catalogadas en puestos ilimitados, esto según la demanda y la disposición de las universidades. Para las carreras de puestos limitados se requiere de un examen que es acorde a la carrera que se pretende seguir, así los que desean cursar Ingeniería, jamás tendrían el mismo examen que los que optan por una carrera de Medicina. El costo para rendir el examen en las universidades públicas es de € 35.00 a € 50.00 que en dólares equivaldría aproximadamente entre $ 40.00 y $ 60.00 USD. Hay que recordar que en Ecuador el proceso de admisión es totalmente gratuito desde la misma etapa de inscripción. La experiencia que María comparte es importante como un referente de las reformas que podrían efectuarse en el proceso de admisión de Ecuador.
En definitiva, el examen de Acceso a la Educación Superior en las Universidades Públicas de Ecuador no debe ser eliminado sino más bien revisado y modificado para responder a la realidad académica de los estudiantes. La educación del país en todos sus niveles tiene una gran deuda con la comunidad educativa, por eso, es urgente que se trabaje en el aseguramiento de la calidad de la educación sin importar el contexto de urbanidad, ruralidad o periferia. No basta con un Currículo Educativo Nacional, es necesario enfocarse en el desarrollo de condiciones inclusivas, en los principios de igualdad y equidad que garanticen que los estudiantes, pese a los distintos colegios de los que provienen no tendrán enormes diferencias de conocimientos estando en el mismo nivel de educación. Tampoco es posible hablar de educación de calidad y accesible para más personas sino se invierten los recursos económicos suficientes. Finalmente, se debe valorar otro tipo de competencias en los postulantes, acordes con la carrera que aspiran. Para ello, hay que aplicar estrategias de orientación vocacional, a la vez que se renueva, se amplía y se promociona con información pertinente la oferta académica de las instituciones de nivel superior.
Referencias
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Asamblea Nacional de Ecuador. (2010, 12 de octubre). Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ec_6011.pdf
Delgado, A., Santillán, J., Japón, Á., & Mora, B. (Octubre de 2018). Percepciones de los Aspirantes sobre el Proceso de Admisión a la Universidad Pública Ecuatoriana. INNOVA Research Journal, 3(10), 77-90. doi: https://doi.org/10.33890/innova.v3.n10.2018.658
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El Telégrafo. (2014, 6 de febrero). Prepararse para el ENES cuesta hasta $ 70 mensuales. https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/prepararse-para-el-enes-cuesta-hasta-70-mensuales
Rosero, M. (2020, 7 de febrero). ¿Cómo se pudo filtrar el Ser Bachiller, la prueba para acceder a la universidad? El Comercio. https://www.elcomercio.com/actualidad/filtraciones-bachiller-investigacion-educacion-ecuador.html
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